La politización de la justicia es uno de los mayores riesgos para la democracia. Miguel A. Terán

Debemos reconocer y defender a la justicia como un valor básico para la convivencia y orden social, porque ella permite mantener el equilibrio y la armonía entre las diferentes partes de un sistema social al procurar el bien común.

En esa búsqueda de equilibrio y armonía la justicia establece las normas, los criterios y las leyes dirigidas a regular -en base a lo justo y bueno- lo que debe o no permitirse, así como a buscar, establecer y regular lo que es necesario para evitar desvíos, sesgos o desequilibrios que generen conflictos y deterioren la armonía y paz social.

En una sociedad la justicia debe velar por la solidez y el cumplimiento de las leyes. Sin embargo, una de sus importantes funciones es evaluar las leyes a la luz de los nuevos tiempos, para gestionar los cambios o reformas que éstas requieren para continuar siendo de utilidad a la sociedad.

Reconozcamos que las leyes se establecen en un ámbito temporal, pretendiendo dar respuesta, al regular o normatizar una necesidad o condición de ese momento. La expresión el “espíritu del legislador”, refiere a la intención de quien hace o establece leyes en el momento en que legisla. No obstante, es necesario comprender que las leyes requieren ser ajustadas o sustituidas en el tiempo, para evitar que se desvíen de la intención de quien o quienes las establecieron en algún momento.

Para lograr estos ajustes, cambios, sustituciones o el establecimiento de nuevas leyes, que respondan efectivamente a las necesidades presentes de la sociedad se requiere una administración de justicia consciente y sensible que obre según la razón, los principios y fundamentos requeridos para una armónica vida social.  

Los jueces son los individuos encargados y responsables de esta importante función. En ellos debe prevalecer, más allá de sus personales y particulares creencias y posiciones ideológicas, el cumplimiento de las normas y adecuadas interpretaciones de principios y leyes.

Por ello se requiere en esta importante función individuos conscientes, analíticos, sensibles e independientes capaces de dialogar y escuchar diferentes puntos de vista y perspectivas para nutrir o modificar los propios; así como, como capacidad para exponer con adecuado sustento y criterio sus propias perspectivas u opiniones.

La administración de justicia debe, para lograr su objetivo, tener absoluta independencia de lo político, porque un juez comprometido con un partido, afiliación o ideología política perderá toda independencia y, ello, atenta contra el principio de la separación de poderes requerido para un sano estado de derecho.

Los jueces deben tener como partido político y única razón de su gestión el firme compromiso con la sociedad y su gente. El poder político al intervenir nombrando jueces que estén en línea con su ideología o afinidades estaría secuestrando la justicia, para poder manosearla a su antojo y ponerla a favor de intereses particulares o partidistas. Por lo contrario, la real función de los jueces es administrar la justicia en nombre y beneficio de la sociedad en su totalidad.

Al politizar la justicia ésta pasa a ser un engranaje más de la política, esto ocurre cuando son los políticos los que proponen y eligen a los jueces basados en preferencias, intereses y simpatías. Esta intervención hace que las futuras decisiones de los jueces estén cargadas de sesgos y se alejen del equilibrio requerido por las leyes y las constituciones.

Una auténtica democracia debe desarrollar a sus jueces políticamente independientes. Hacer lo contrario representaría una concentración del poder. Entonces, los jueces deben ser escogidos por sus antecedentes a través de concursos de oposición y de credenciales, y demostrar comprobada integridad, sin puntos oscuros en su carrera profesional ni en su vida personal.  Igualmente, como un punto clave y vital, deben ser individuos absoluta y totalmente alejados de posiciones dogmáticas.

Cuando la política toma el control de los tribunales comienza a manejarlos “detrás del telón”, interpretando las leyes a conveniencia a través de los jueces que ellos mismos han enquistado en el sistema de justicia. Esta práctica, divorciada de una auténtica democracia, siembra dudas sobre el sano funcionamiento de la justicia y la hace cuestionable, llevando a perder el respeto de jueces, instituciones, tribunales y legislaciones. Todo ello, puede llevar a las sociedades a una dictadura con un disfraz de democracia.

Publicado por

Miguel A. Terán

Psicólogo especialista en Desarrollo de Organizaciones, Coach Certificado, Diplomado en PNL y Psicología Positiva, Certificado en Gestión de Recursos Humanos. Ha ejercido cargos de gerencia y dirección regional en el área de latino-américa, para importantes empresas (PwC-PricewaterhouseCoopers, GSK-GlaxoSmithKline, Quaker Oats Company, entre otras). Profesor universitario (UCV), Coach Organizacional, Profesional, de Vida y de Negocios, Escritor, Orador, Entrenador e Instructor en Programas de Formación y Desarrollo Ejecutivo, Gerencial y de Liderazgo.

2 comentarios en “La politización de la justicia es uno de los mayores riesgos para la democracia. Miguel A. Terán”

  1. Extraordinario! Algunas frases deberían ser conocidas por todo el pueblo Estadounidense para lograr un poco de cordura y buen juicio en el análisis del tortuoso momento que estamos viviendo.
    Tal vez falto incluir el término del fundamentalismo religioso como uno de los mayores peligros para el buen discernimiento e independencia del análisis social o político.

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