La politización de la justicia es uno de los mayores riesgos para la democracia. Miguel A. Terán

Debemos reconocer y defender a la justicia como un valor básico para la convivencia y orden social, porque ella permite mantener el equilibrio y la armonía entre las diferentes partes de un sistema social al procurar el bien común.

En esa búsqueda de equilibrio y armonía la justicia establece las normas, los criterios y las leyes dirigidas a regular -en base a lo justo y bueno- lo que debe o no permitirse, así como a buscar, establecer y regular lo que es necesario para evitar desvíos, sesgos o desequilibrios que generen conflictos y deterioren la armonía y paz social.

En una sociedad la justicia debe velar por la solidez y el cumplimiento de las leyes. Sin embargo, una de sus importantes funciones es evaluar las leyes a la luz de los nuevos tiempos, para gestionar los cambios o reformas que éstas requieren para continuar siendo de utilidad a la sociedad.

Reconozcamos que las leyes se establecen en un ámbito temporal, pretendiendo dar respuesta, al regular o normatizar una necesidad o condición de ese momento. La expresión el “espíritu del legislador”, refiere a la intención de quien hace o establece leyes en el momento en que legisla. No obstante, es necesario comprender que las leyes requieren ser ajustadas o sustituidas en el tiempo, para evitar que se desvíen de la intención de quien o quienes las establecieron en algún momento.

Para lograr estos ajustes, cambios, sustituciones o el establecimiento de nuevas leyes, que respondan efectivamente a las necesidades presentes de la sociedad se requiere una administración de justicia consciente y sensible que obre según la razón, los principios y fundamentos requeridos para una armónica vida social.  

Los jueces son los individuos encargados y responsables de esta importante función. En ellos debe prevalecer, más allá de sus personales y particulares creencias y posiciones ideológicas, el cumplimiento de las normas y adecuadas interpretaciones de principios y leyes.

Por ello se requiere en esta importante función individuos conscientes, analíticos, sensibles e independientes capaces de dialogar y escuchar diferentes puntos de vista y perspectivas para nutrir o modificar los propios; así como, como capacidad para exponer con adecuado sustento y criterio sus propias perspectivas u opiniones.

La administración de justicia debe, para lograr su objetivo, tener absoluta independencia de lo político, porque un juez comprometido con un partido, afiliación o ideología política perderá toda independencia y, ello, atenta contra el principio de la separación de poderes requerido para un sano estado de derecho.

Los jueces deben tener como partido político y única razón de su gestión el firme compromiso con la sociedad y su gente. El poder político al intervenir nombrando jueces que estén en línea con su ideología o afinidades estaría secuestrando la justicia, para poder manosearla a su antojo y ponerla a favor de intereses particulares o partidistas. Por lo contrario, la real función de los jueces es administrar la justicia en nombre y beneficio de la sociedad en su totalidad.

Al politizar la justicia ésta pasa a ser un engranaje más de la política, esto ocurre cuando son los políticos los que proponen y eligen a los jueces basados en preferencias, intereses y simpatías. Esta intervención hace que las futuras decisiones de los jueces estén cargadas de sesgos y se alejen del equilibrio requerido por las leyes y las constituciones.

Una auténtica democracia debe desarrollar a sus jueces políticamente independientes. Hacer lo contrario representaría una concentración del poder. Entonces, los jueces deben ser escogidos por sus antecedentes a través de concursos de oposición y de credenciales, y demostrar comprobada integridad, sin puntos oscuros en su carrera profesional ni en su vida personal.  Igualmente, como un punto clave y vital, deben ser individuos absoluta y totalmente alejados de posiciones dogmáticas.

Cuando la política toma el control de los tribunales comienza a manejarlos “detrás del telón”, interpretando las leyes a conveniencia a través de los jueces que ellos mismos han enquistado en el sistema de justicia. Esta práctica, divorciada de una auténtica democracia, siembra dudas sobre el sano funcionamiento de la justicia y la hace cuestionable, llevando a perder el respeto de jueces, instituciones, tribunales y legislaciones. Todo ello, puede llevar a las sociedades a una dictadura con un disfraz de democracia.